EFE
Un tribunal argentino decidió hoy confirmar el procesamiento de los manifestantes argentinos César Arakaki y Dimas Ponce por atentado contra la autoridad, agravado por estar armados, y ordenó que sean de nuevo detenidos por los disturbios generados a las puertas del Congreso el pasado mes de diciembre.
Concretamente, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal resolvió confirmar las acusaciones contra Arakaki y Ponce, militantes del Partido Obrero, por lesiones en agresión y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas.
Ambos ya permanecieron detenidos desde las graves protestas de diciembre por la reforma del sistema de pensiones impulsada por el Gobierno -que dejaron más de cien heridos entre manifestantes y policía y diversos detenidos-, hasta finales de enero, cuando un juez federal les concedió la libertad provisional.
El pasado 15 de febrero, la defensa de los dos manifestantes había pedido su sobreseimiento, algo que finalmente no ha sido aceptado.
Ahora, la Cámara vuelve a imponerles la prisión preventiva y confirma el embargo sobre sus bienes por 300.000 pesos (14.869 dólares), aunque rechaza que sean acusados por un delito de rebelión, tal y como había pedido la Fiscalía.
"Las imágenes que documentan lo sucedido son claras. Ilustran que César Javier Arakaki y Dimas Fernando Ponce atacaron a Brian Fernando Escobar (oficial de la Policía de Buenos Aires) valiéndose de piedras, del estandarte de una bandera y de dos palos cortos con puntas afiladas, cuando la víctima yacía gravemente herida e inconsciente en el suelo", remarcan los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah en el fallo.
El ataque, según continúan, se produjo mientras Escobar y su unidad eran objeto "de un impresionante bombardeo de proyectiles de distinto tipo y tamaño".
"Las pruebas obrantes en el expediente indican que las lesiones sufridas por el agente Escobar se produjeron en un contexto de agresión, en el que participó un significativo número de personas", añade el texto judicial, que remarca que todos ellos "no han sido por el momento identificados en su totalidad.
En este sentido, los magistrados remarcaron la necesidad de "identificar y de dar con el paradero del resto de los agresores"
Asimismo, para justificar la decisión de que vuelvan a prisión, Irurzun y Farah remarcan que "corresponde recordar que las características especialmente violentas de las conductas llevadas adelante constituyen un factor decisivo".
Más allá del caso de Arakaki y Ponce, un juez procesó en enero a 33 personas por los disturbios del Congreso, de las 44 personas que estaban siendo investigadas por los delitos de intimidación pública, atentado a la autoridad agravado y daños.
Entre los daños causados el 14 de diciembre, además de las lesiones de policías y manifestantes, se registraron daños a edificios y espacios públicos, rotura de vidrios de comercios, contenedores de basura incendiados y autos particulares y policiales dañados y quemados.
Desde parte de la oposición se denunció una "enorme represión" por parte de las fuerzas de seguridad.
Mientras, en el interior del hemiciclo también hubo momentos de una gran tensión entre los parlamentarios, que estuvieron a punto de enfrentarse a golpes, en una sesión que finalmente fue suspendida y retomada la siguiente semana, cuando la reforma de las pensiones quedó aprobada.
2018-02-27