La nueva ley de ciberseguridad cubana generó una ola de protestas de quienes la consideran una "ley mordaza" para silenciar las voces críticas. Mientras el Gobierno defiende su legitimidad.
El Decreto-Ley 35 publicado este martes establece el marco regulatorio de las telecomunicaciones en Cuba. Mientras que la complementaria Resolución 105 recoge una serie de "incidentes de ciberseguridad". El documento atribuye cuatro niveles de peligrosidad: bajo, medio, alto y muy alto.
Se atribuye peligrosidad muy alta a "pretender alterar el orden público" o "promover la indisciplina social" en internet. Así como cualquier acción "contraria a la verdad y a la rectitud que perjudique a personas e instituciones del Estado". También que busque desestabilizar el funcionamiento de las instituciones.
Entre los comportamientos de "alta" peligrosidad en la red destaca la difusión de "contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público", así como la divulgación de noticias falsas.
El anuncio de la nueva normativa cayó como una bomba en las redes sociales, donde numerosos usuarios y organizaciones acusan al Gobierno de tratar de acallar y procesar a las voces críticas.
Los detractores de las nuevas medidas generalizaron el hashtag #NoAlDecretoLey35, mientras las autoridades cubanas emprendieron una campaña para legitimar el nuevo marco regulatorio de internet.
¿REGULACIÓN O CENSURA?
Según el jurista cubano Eloy Viera, la nueva normativa "se usará para justificar lo que hasta hoy han sido actuaciones ilegales, desde los cortes selectivos de servicio telefónico y datos a activistas y periodistas independientes hasta la suspensión de internet".
Viera aludió así a las recientes protestas ciudadanas del 11 de julio, donde las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de movilizar a los miles de ciudadanos que salieron a las calles en todo el país para pedir libertad y mejores condiciones de vida en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria.
El Gobierno tomó la medida extrema de bloquear internet, dejando sin conexión a millones de cubanos durante una semana.
"Si se reproduce mañana una nueva manifestación, las autoridades del Ministerio del Interior tienen la posibilidad de pedir a Etecsa que corte el servicio de internet. Con el decreto 35 será legítima una técnica que el Gobierno ha venido usando hasta ahora de forma ilegal", ilustra el abogado.
INTERNET GRATIS
Tras las protestas y el apagón de internet en la isla, en Estados Unidos comenzó a fraguarse la idea de proveer acceso libre y gratuito a la red a Cuba. Una posibilidad que el presidente Joe Biden tiene aún sobre la mesa pese a sus dificultades técnicas.
La iniciativa surgida de grupos anticastristas en EE.UU. y asumida por Biden ocupa un papel relevante en el argumentario de las autoridades cubanas para defender el Decreto-Ley 35. Aseguran ser víctimas de un complot de Washington con la complicidad de Facebook, Twitter y Youtube para provocar un cambio de régimen en la isla.
En esta línea, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, alegó que el Estado tiene derecho a ejercer la "soberanía nacional sobre el ciberespacio con el propósito de salvaguardar la paz y el bienestar", así como a combatir "la utilización ilegal y subversiva" de las tecnologías de la información y la comunicación.
EFE
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