El senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Jorge Enrique Robledo calificó hoy de "maniobra siniestra" las acusaciones del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que lo señaló de instigar la violencia en las protestas de campesinos y mineros.
"Acusarnos a mí y al Polo como instigadores de la violencia es una maniobra siniestra que empuja al presidente Santos hacia el camino del fascismo", dijo Robledo en un comunicado divulgado por su oficina de prensa.
Robledo, uno de los más severos críticos de la gestión de Santos, agregó que los señalamientos del mandatario y de su ministro del Interior, Fernando Carrillo, son un "grave atentado contra la democracia".
"Tenemos información precisa de que un senador de la República, que se muestra como defensor de los campesinos, de la protesta social, lo que quiere es violencia", dijo Santos hoy en un acto en Bogotá en el que dijo que no tolerará más bloqueos de vías en las protestas de campesinos y mineros en huelga.
Posteriormente, el Ministerio del Interior sugirió que el senador en cuestión es Robledo, ante lo cual el legislador cuestionó la vocación democrática del Gobierno.
"¿Estamos de verdad en una democracia, sí o no? -preguntó Robledo-. ¿Pueden el Polo y el senador Robledo expresar su respaldo a las protestas ciudadanas, sí o no?"
Robledo recordó que "todo el mundo sabe" que desde hace décadas él apoya las luchas sociales y aboga por salidas democráticas, civilizadas y pacíficas.
"Nunca le he declarado la guerra a nadie y no se encontrará una sola frase en la que instigue a la violencia", agregó el senador.
A su juicio, lo que sucede "es que el fracaso de su Gobierno tiene a Santos exasperado y lo hace salirse de los estribos".
Agregó que otra cosa que tiene con "rabia" al presidente son las denuncias de corrupción que ha hecho el Polo contra el actual embajador de Colombia en EE.UU., Carlos Urrutia.
Robledo ha denunciado que la firma de abogados Brigard & Urrutia, de la que hizo parte el diplomático, supuestamente orientó jurídicamente la compra ilegal por parte de una empresa de tierras adjudicadas a campesinos. /EFE