El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia al eliminar una norma salarial federal implementada durante la administración de Biden.
Esta regulación garantizaba un salario mínimo de $17.75 por hora para miles de trabajadores del sector privado que prestan servicios bajo contratos federales en Estados Unidos, reseñó el portal PRP.
¿En qué consiste la decisión Trump?
La más reciente orden ejecutiva de Trump podría traducirse en significativos recortes salariales para una fuerza laboral estimada en más de 327.000 personas. Según datos del Departamento de Trabajo, la norma anulada representaba un aumento anual promedio de 5.228 dólares para estos empleados.
Esta derogación en las alarmas entre organizaciones laborales. Un portavoz del Centro Nacional de Leyes Laborales advirtió que ahora las empresas con contratos federales tienen la potestad de reducir los salarios sin enfrentar consecuencias.
La decisión llega en un momento económico delicado, con un costo de vida en aumento que afecta especialmente a trabajadores sin título universitario que dependen de estos ingresos para el sustento familiar. Tras la eliminación de la norma Biden, vuelve a estar vigente una antigua regulación de la era Obama, que establece un salario mínimo de $13.30 por hora para ciertos contratistas. Esto implica una potencial reducción de ingresos de hasta un 25%.
¿Quiénes son los más afectados?
Los principales trabajadores afectados se desempeñan en sectores clave como la construcción, el mantenimiento de edificios federales, el servicio de alimentos e incluso la fabricación de uniformes militares en Puerto Rico, donde el salario mínimo local es considerablemente más bajo ($10.50 por hora).
La revocación de la norma salarial también está genera confusión entre los contratistas federales, quienes ahora deben discernir qué estándar salarial aplicar en sus operaciones. Analistas del Economic Policy Institute señalan que esta situación crea un caos regulatorio con implicaciones tanto para las empresas como para los empleados.
Si bien la administración de Trump argumenta que la medida busca “restaurar el sentido común y liberar el potencial de los ciudadanos estadounidenses”, las implicaciones sugieren un beneficio mayor para las grandes corporaciones que para la fuerza laboral.
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