El Gobierno venezolano activó el mecanismo de cooperación judicial con Italia para lograr la entrega del empresario Francisco Javier D’Agostino Casado, requerido por presuntos delitos vinculados a PDVSA.
El Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud tras verificar que cumple con la normativa interna y los tratados internacionales vigentes entre ambos países.
Ahora corresponde a las autoridades italianas evaluar los recaudos y decidir si autorizan la extradición.
Detención en Italia y revisión judicial
D’Agostino fue detenido a comienzos de enero en la localidad de Bardonecchia, cuando se trasladaba hacia Francia. La captura obedeció a una alerta internacional emitida por Venezuela en 2023.
Posteriormente, el empresario quedó en libertad mientras la justicia italiana analiza la documentación enviada por Caracas.
Este proceso forma parte de los mecanismos previstos en el tratado bilateral de extradición firmado en 1930 y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Hechos investigados por la justicia venezolana
La solicitud de extradición se apoya en dos expedientes distintos relacionados con presuntas irregularidades en la comercialización de crudo. Entre los casos señalados destacan:
- Venta de un millón de barriles que habría generado más de 33 millones de euros sin ingresar a PDVSA.
- Presunta comercialización irregular de tres millones de barriles de mezcla bituminosa desde el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui.
Según la acusación, estas operaciones habrían causado un perjuicio económico considerable al Estado venezolano.
Delitos imputados
El empresario sería procesado en Venezuela por varios delitos contemplados en la legislación penal, entre ellos:
- Tráfico y comercio ilícito de recursos estratégicos.
- Legitimación de capitales.
- Asociación para delinquir.
- Contrabando agravado.
- Estafa agravada.
Las órdenes de captura se enmarcan dentro de la operación anticorrupción iniciada en 2023, conocida como trama PDVSA-Cripto, que incluyó múltiples detenciones y la revisión de contratos petroleros.
Tras la declaratoria de procedencia emitida por el TSJ, el proceso entra ahora en la fase de evaluación por parte de los tribunales italianos.
