Nayzai Saavedra | [email protected]
Este martes entró en vigencia el nuevo aumento del sueldo mínimo y cestaticket decretado el 27 de octubre por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y desde 31 de octubre empezaron a salir a flote consecuencias: despido de trabajadores y proyección de cierre de empresas.
Este lunes se emitió la Gaceta Oficial en la que se oficializó el incremento de 20% a 27 mil 092 bolívares. Asimismo, el bono alimenticio pasó de Bs 42 mil 480 a Bs 63 mil 720.
Justos por pecadores. Carmen Alvarado tiene trabajando dos años en una contratista que presta el servicio de limpieza a grandes empresas. Luego que en septiembre entrara en vigencia el aumento del 50% del salario, cuando se ubicó a 22 mil 576,60, y el bono de alimentación en 42 mil , empezó a verse afectada debido a que se le comenzaron a cancelar los cestatickets con casi un mes de retraso. Alvarado consideraba la situación como una falta para los trabajadores y no se imaginó lo que un nuevo incremento del sueldo podía generar.
Sin embargo, este lunes 31, en la mañana, el servicio externo, ante la imposibilidad de costear el pago de los empleados y la negativa de las empresas contratantes de aceptar un nuevo ajuste en las tarifas, se vieron en la necesidad de hacer recorte de personal.
Alvarado tuvo la “suerte” de no estar entre los afectados, pero su esposo -quien labora en la misma contratista- no corrió con la misma fortuna. A pesar de esto la “buena suerte” de Alvarado no duró, porque en la noche del mismo 31 de octubre se les informó a los empleados restantes que seguirían laborando para la contratista hasta el próximo 15 de enero, fecha en la que la empresa liquidará a todo su personal. Además de esto, durante el tiempo que se mantendrá laborando su trabajo será duplicado para cubrir al personal ausente.
“Es angustiante porque ahora ni mi esposo ni yo tenemos trabajo seguro. También pienso en mis compañeros, entre ellos hay una señora de 68 años que tiene una niña enferma y no tiene otra fuente de ingreso”, se lamentó Alvarado.
Aumenta la migración. Con el incremento de septiembre también se generó una ola de despidos y con esto la salida de venezolanos del país.
Daniel Carreño laboraba en Aldea Servicios Integrales -una contratista de Odebretch, que trabajaba para el Metro de Caracas- cuando se anunció el aumento de septiembre.
Carreño relató que la empresa comenzó a retrasar los pagos indicándoles que cada vez se hacía más agudo porque el Gobierno no le pagaba a Odebretch. Las liquidaciones empezaron con el personal obrero y luego se extendieron hacia el área administrativa en donde se desempeñaba Carreño.
“Nos enteramos de que la empresa comenzó a vender activos para poder pagar lo que se debía a los trabajadores. Sin embargo, todavía hay personas que esperan su liquidación desde el mes de agosto como es mi caso”, declaró el trabajador.
Actualmente, Carreño no se encuentra en Venezuela, a pesar de contar con otra oferta de trabajo decidió irse del país. Recientemente -y a pesar de ser ingeniero- trabaja como vendedor en una tienda en Estados Unidos con la idea de ahorrar dinero mientras culmina los trámites requeridos para irse a vivir a Ecuador con su esposa, su madre y su hijo.
“Es terrible como el Gobierno te empuja a salir. Ningún lugar es mejor que tu propio país, que Venezuela, pero mantenerse a flote con el tipo de economía que llevamos es muy difícil”, opinó Carreño.
Caída empresarial. Francisco Martínez, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), afirmó que se han registrados despidos y las empresas se encuentran haciendo balances de si pueden continuar o no cumpliendo con los compromisos salariales.
Martínez indicó que en 10 años se ha perdido casi el 60% del tejido empresarial, advirtiendo que sería sumamente grave perder lo que queda funcionando. “Las industrias declaran promedios de capacidad operativa instalada de 35%, esa es la razón fundamental por la cual están los anaqueles vacíos y de lo que el Gobierno nacional no se da cuenta”, alertó.
El presidente de Fedecámaras explicó que los aumentos de sueldos no son la solución para paliar la crisis e instó al Estado a entender que la forma de frenar la inflación es deteniendo el gasto fiscal de forma que se frene el déficit actual.
Asimismo, según comunicados publicados por el Fondo Monetario Internacional, la inflación cerrará este año por encima de un 700%, una cantidad exorbitante.
2016-11-01