Las redadas migratorias en territorio estadounidense no se verán interrumpidas por la parálisis financiera que afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según la administración actual, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantendrá el despliegue de sus agentes en ciudades clave, aun cuando estos no perciban sus salarios de manera inmediata debido al cierre parcial que hoy cumple su segunda jornada.
La medida de presión migratoria continúa siendo el eje central de la gestión federal, enfocándose en operativos realizados en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Mineápolis. A pesar de que el Senado no logró aprobar el proyecto de ley para financiar la agencia hasta septiembre, el Poder Ejecutivo sostiene que la misión de arrestos y deportaciones masivas es una prioridad que no depende de la resolución legislativa actual.
Tom Homan el "Zar de la frontera" de la Casa Blanca, declaró al respecto:
"Los oficiales de ICE no recibirán pago, pero parece que se están acostumbrando. La misión migratoria, la razón por la que el presidente Trump fue elegido, continúa. Tenemos cifras récord de arrestos y deportaciones que seguirán adelante sin importar la situación en el Congreso".
Alcance del cierre parcial
Esta paralización, la segunda registrada en el mes de febrero de 2026, afecta exclusivamente a las dependencias bajo el mando de la secretaria Kristi Noem:
"Nuestra prioridad absoluta es la seguridad de la frontera y la aplicación de la ley. Tenemos la flexibilidad necesaria para mover recursos y asegurar que nuestras agencias operativas, como CBP e ICE, tengan lo que necesitan para cumplir con las órdenes ejecutivas de proteger a la nación".
Además del ICE, instituciones como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio Secreto y la TSA operan bajo este estatus de excepción. Los registros indican que más del 90% de los 270,000 empleados del DHS permanecen activos por ser considerados personal esencial para la seguridad nacional.
El conflicto en el Capitolio se intensificó luego de que la oposición bloqueara el presupuesto, argumentando la falta de controles sobre las tácticas de detención. No obstante, la normativa fiscal vigente otorga facultades a la dirección del DHS para reasignar partidas de dinero internas con el fin de garantizar que la vigilancia fronteriza y los operativos urbanos no pierdan capacidad logística.
Cronología de la crisis presupuestaria
El actual escenario sucede a un cierre récord de 43 días ocurrido entre octubre y noviembre del año pasado. Mientras los republicanos mantienen divisiones internas sobre si aprobar un fondo anual o uno provisional, el resto del Gobierno federal funciona con normalidad al tener sus presupuestos ya asignados hasta el final del año fiscal.
Los demócratas han presentado una lista de exigencias muy específicas para frenar lo que llaman "abusos" de ICE:
- Prohibición de capuchas y máscaras: Los demócratas exigen que los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza operen con el rostro descubierto. Argumentan que el uso de máscaras fomenta la impunidad y el uso excesivo de la fuerza.
- Órdenes judiciales obligatorias: Actualmente, ICE usa "órdenes administrativas" firmadas por ellos mismos para entrar a lugares. Los demócratas exigen que, para entrar en propiedad privada, necesiten una orden firmada por un juez federal, tal como dicta la Cuarta Enmienda.
- Identificación visible: Piden que cada agente lleve su nombre y un número de identificación único a la vista en todo momento, y que lo verbalicen si alguien se los pregunta.
- Respeto a "lugares sensibles": Exigen por ley que no se realicen redadas ni arrestos cerca de escuelas, hospitales, iglesias, tribunales o centros de cuidado infantil.
- Fin del perfil racial: Demandan prohibir que los agentes detengan o interroguen a personas basándose únicamente en su apariencia, acento o el lugar donde se encuentren.
- Cámaras corporales (Bodycams): Quieren que todos los agentes que participen en operativos de campo estén obligados a llevar cámaras encendidas para registrar sus interacciones.
Los republicanos, liderados por John Thune en el Senado, rechazan estos puntos alegando que "desenmascarar" a los agentes los pone en peligro de ser identificados y atacados por grupos opositores (doxing). Además, sostienen que exigir órdenes judiciales para cada arresto paralizaría la logística de las deportaciones masivas que prometió Trump.
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