Tras una semana de incertidumbre operativa en cinco entidades de Estados Unidos (EEUU), que amenazaba con paralizar servicios básicos para millones de personas, el panorama legal sobre las subvenciones federales ha tomado un respiro.
Un juez federal de Nueva York dictó una orden de restricción temporal que impide al Gobierno de Donald Trump bloquear el flujo de más de 10.000 millones de dólares destinados a programas de asistencia social en California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York.
La decisión del juez Arun Subramanian surge tras una demanda liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien calificó la medida federal como un intento de generar "caos operativo" y perseguir adversarios políticos.
Subramanian es el primer juez de ascendencia del sur de Asia en el Distrito Sur de Nueva York, nominado por Biden en 2023.
Aunque el fallo no decide sobre la legalidad final del congelamiento, garantiza que el dinero siga fluyendo durante al menos 14 días mientras el caso se argumenta en corte.
¿Qué está en juego para las familias?
El conflicto no es solo presupuestario, es de supervivencia diaria para comunidades vulnerables, incluyendo a inmigrantes elegibles que residen en estos estados.
Recordemos que los tres programas principales afectados son:
- Fondo de cuidado y desarrollo infantil: subsidia guarderías para 1.3 millones de niños de familias de bajos ingresos. Sin estos fondos, miles de padres podrían verse obligados a dejar de trabajar por no tener dónde dejar a sus hijos.
- TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas): proporciona ayuda en efectivo y capacitación laboral.
- Subvención en bloque para servicios sociales: financia desde servicios para personas con discapacidad hasta protección infantil.
El argumento del Gobierno y la respuesta estatal
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) justificó la pausa alegando sospechas de que los fondos se otorgan a personas sin estatus legal.
Sin embargo, en la audiencia del viernes, el gobierno no presentó evidencia de fraude sistémico en estos estados, más allá de citar un caso específico de malversación en Minnesota relacionado con el grupo Feeding Our Future.
Por su parte, los estados argumentan que la exigencia del gobierno de entregar nombres y números de Seguro Social de todos los beneficiarios desde 2022 es inconstitucional y busca amedrentar a la población.
Sepa qué esperar sobre el caso
Por el momento, los beneficios no deben ser interrumpidos.
Las familias que dependen de estos subsidios en los estados mencionados deben continuar con sus procesos normales, ya que el flujo de caja ha sido garantizado judicialmente de forma temporal.
No obstante, la situación es fluida y depende de las próximas audiencias judiciales.
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