A partir del 1 de enero de 2026, una nueva normativa estatal cambiará drásticamente la relación entre las autoridades locales de Texas y la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
Esta legislación, impulsada y promulgada por el gobernador Greg Abbott, conocida en varios contextos como la SB 8, exige que los alguaciles de los condados con poblaciones significativas colaboren directamente en la identificación y entrega de inmigrantes indocumentados a las autoridades federales.
Colaboración obligatoria bajo el programa 287(g)
La ley establece que los condados con más de 100.000 habitantes que gestionan instalaciones carcelarias deben firmar acuerdos de cooperación bajo el programa federal 287(g).
Según un informe de Telemundo Houston, esta medida tiene como objetivo que las cárceles actúen como puntos de control, donde los oficiales locales, en la práctica, asuman funciones de agentes de inmigración.
Antes, participar en el programa 287(g) era opcional. Sin embargo, con el nuevo marco legal, los alguaciles ahora están obligados a solicitar y firmar estos convenios.
Si un departamento de policía o una oficina del sheriff decide no colaborar, podría enfrentar sanciones severas por parte de la Fiscalía General de Texas, según la información analizada por Univision.
Sanciones y financiamiento para los condados de Texas
La normativa no solo establece obligaciones, sino que también recurre a incentivos económicos y sanciones administrativas para garantizar su cumplimiento.
Los condados que sigan la ley podrán acceder a subvenciones estatales que varían entre 80.000 y 140.000 dólares, fondos que se destinarán a cubrir los costos operativos de procesar y retener a personas para ICE.
Por otro lado, los funcionarios que implementen políticas de "ciudad santuario" o que impidan el intercambio de información sobre el estatus migratorio de los detenidos están violando la ley estatal.
Según el portal Congress.gov y análisis legales de la SB 4, las leyes de Texas han endurecido las sanciones para las jurisdicciones que obstaculicen la aplicación de las leyes migratorias federales.
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