El gobierno de Estados Unidos intensifica sus esfuerzos en la deportación masiva de inmigrantes, impulsando un programa conocido como 287(g).
Este programa permite a las agencias policiales locales y estatales actuar como agentes de inmigración y es administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según informa Telemundo, el 287(g) otorga a los policías la autoridad para interrogar a inmigrantes bajo su custodia y detenerlos para su posible deportación.
¿Qué es este programa?
Desde que Donald Trump asumió la presidencia, el número de acuerdos 287(g) entre el ICE y las fuerzas policiales ha aumentado significativamente, lo que permite a la agencia ampliar su capacidad operativa en la aplicación de la ley de inmigración.
Los acuerdos 287(g) se dividen en tres modelos: el "modelo de control en cárceles", que permite a los policías revisar antecedentes de detenidos en busca de violaciones de inmigración.
También el "modelo de oficiales delegados para efectuar órdenes de arresto", que autoriza a policías a cumplir órdenes del ICE. Por último, el "modelo de equipo de trabajo", que permite investigar el estatus migratorio durante las actividades policiales rutinarias.
Aunque estos acuerdos fueron establecidos por una ley de 1996, su implementación real comenzó en 2002, con el primer acuerdo firmado con el Departamento de Policía de Florida.
Beneficios
El principal beneficio de estos acuerdos para el ICE es el aumento de su capacidad para hacer cumplir la ley de inmigración en diversas jurisdicciones, aliviando a sus agentes de la carga de realizar entrevistas en cárceles.
John Torres, exdirector interino del ICE, explica que este enfoque permite a los agentes concentrarse en otras tareas. Con esto pretenden optimizar así la gestión de recursos en la persecución de inmigrantes que se encuentran en el país de manera ilegal.
Acuerdos policiales
Durante el gobierno de Trump, el número de acuerdos 287(g) entre el ICE y agencias policiales ha crecido de manera notable. Pasó de 135 acuerdos en diciembre a 588 en mayo, abarcando 40 estados, con otros 83 acuerdos pendientes.
Florida lidera con aproximadamente la mitad de los pactos, donde se han llevado a cabo redadas masivas, como la reciente que resultó en más de 1,100 arrestos.
Texas, Georgia y Carolina del Norte también destacan en la firma de estos acuerdos, que mayormente involucran a departamentos de policía, responsables de las cárceles en el país.
Sin embargo, otras agencias, como la Guardia Nacional de Florida y Texas, también han participado. Amien Kacou, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, señala que la expansión de estos acuerdos ha sido rápida y extensa.
Cooperación policial
Los departamentos policiales que desean unirse al programa 287(g) deben nominar a agentes que sean ciudadanos estadounidenses y pasar una verificación de antecedentes.
El ICE proporciona plantillas de formularios para facilitar la adhesión al programa. La capacitación de los agentes varía según el modelo de acuerdo; por ejemplo, los del "modelo de equipo de trabajo" deben completar un curso en línea de 40 horas.
Mientras, el "modelo de control en cárceles" requiere una capacitación de cuatro semanas.
Sin embargo, el costo y la logística de la capacitación han sido un desafío, especialmente para los departamentos pequeños. Esto ha llevado a que la duración de la formación se reduzca progresivamente.
Preocupaciones
Existen preocupaciones significativas sobre el impacto de estos acuerdos, especialmente en relación con el encasillamiento racial y la falta de supervisión. Críticos argumentan que estos acuerdos pueden disuadir a los inmigrantes de acudir a las autoridades policiales por miedo a ser arrestados.
Aunque algunos funcionarios, como Jeffrey Dinise de la Patrulla Fronteriza, niegan las acusaciones de encasillamiento racial y defienden que los agentes actúan conforme a la ley.
Defensores de derechos humanos sostienen que la integración de la aplicación de la ley de inmigración con la policía local crea un ambiente de terror en las comunidades.
Además, los agentes locales, al operar bajo estos acuerdos, asumen funciones similares a las de los agentes del ICE, lo que genera preocupación sobre la justicia en la aplicación de la ley.
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