El Departamento del Tesoro activó una estricta política de vigilancia financiera sobre las remesas internacionales, focalizando sus esfuerzos en los fondos gestionados por inmigrantes sin estatus legal.
A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el gobierno ordenó a empresas como Western Union y MoneyGram reportar cualquier transacción superior a los $2 000 que genere sospechas.
Según las autoridades, estas transacciones clasifican ahora los ingresos derivados del "empleo ilegal" como actividad ilícita sujeta a incautación o bloqueo.
Esta estrategia busca depurar el sistema bancario estadounidense y cerrar el cerco sobre el movimiento de capitales no autorizados, cumpliendo con las directrices de la Orden Ejecutiva 14159 para fortalecer la seguridad nacional.
Restricciones
Más allá del control de envíos, la ofensiva regulatoria contempla nuevas normativas para bloquear el acceso de indocumentados a beneficios fiscales, específicamente porciones del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario Adicional por Hijos.
John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, justificó estas acciones citando casos de fraude previos, argumentando que es importante proteger al público y asegurar que las instituciones no faciliten la explotación del sistema.
Con esta postura, la administración pretende eliminar la capacidad de quienes residen ilegalmente en el país para utilizar canales formales, obligando a las remesadoras a exigir verificaciones de identidad mucho más exhaustivas antes de procesar cualquier orden según informa Mundo Now..
¿Cómo afecta a la comunidad latina?
Estas restricciones generarán un efecto dominó inmediato en las economías familiares de Latinoamérica, donde el flujo constante de divisas sostiene gastos básicos como alimentación, vivienda y salud.
Aunque los residentes legales mantendrán sus envíos, deberán enfrentar procesos de verificación más lentos y posibles retenciones de fondos, lo que podría incentivar la fragmentación de montos o el uso de vías informales y riesgosas ante el temor de investigaciones.
La presión sobre las compañías de envío para detectar "productos de empleos ilegales" amenaza con alterar la regularidad de las transferencias, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de millones de hogares receptores que dependen exclusivamente de estos ingresos para subsistir.
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