La administración de Donald Trump puso en marcha un mecanismo inédito para adquirir la residencia legal en Estados Unidos mediante la inyección directa de capital.
Esta iniciativa busca atraer grandes patrimonios extranjeros al establecer una vía acelerada hacia la regularización migratoria, modificando los esquemas tradicionales de inversión.
La medida representa un cambio significativo en la política federal, pues prioriza el aporte financiero como factor determinante para el ingreso y permanencia en el país, permitiendo a los inversores saltar las largas listas de espera habituales si demuestran solvencia inmediata.
Programas
- Gold Card (modalidad individual): Diseñada para personas físicas con alto poder adquisitivo. Requiere un aporte neto de un millón de dólares tras abonar una tarifa inicial de procesamiento. Este beneficio otorga un estatus migratorio rápido y extiende la legalidad al cónyuge e hijos menores de 21 años bajo los mismos términos.
- Corporate Gold Card (modalidad empresarial): Enfocada en corporaciones que necesitan trasladar talento internacional. La compañía actúa como patrocinadora y debe desembolsar dos millones de dólares por cada empleado, sumado a los costos administrativos, para asegurar la regularización de su personal.
- Platinum Card (alta contribución): Esta opción, aún en fase de implementación, exige la cifra más alta: cinco millones de dólares. A cambio, permite estancias de hasta 270 días continuos con un beneficio fiscal importante: la exención de impuestos sobre los ingresos generados fuera de territorio estadounidense.
¿Cómo optar?
Los interesados deben formalizar su solicitud a través del portal federal y gestionar su perfil en myUSCIS.gov.
El trámite exige un pago inicial no reembolsable de 15.000 dólares destinado exclusivamente a la verificación de antecedentes y seguridad antes de realizar la inversión mayor.
Una vez que las autoridades validan el perfil y acreditan los fondos, el sistema asigna un estatus acelerado bajo las categorías EB-1 o EB-2 en cuestión de semanas.
Sin embargo, el gobierno advierte que cualquier riesgo de seguridad detectado anulará el proceso de inmediato.
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