En Texas, Estados Unidos (EEUU), en el mes de enero de 2026 entrará en vigor un nuevo proyecto de ley que forma parte de la tendencia anti-inmigrantes formentada por la actual administración de Donald Trump, conoce los detalles.
Se trata del Proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8) de Texas y es una ley significativa que exige una mayor cooperación entre las agencias policiales locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EEUU.
Los partidarios de la ley argumentan que busca mejorar la seguridad pública al ayudar a identificar y detener a "extranjeros delincuentes".
Así funcionará la SB-8 y el programa 287(g)
El SB-8, promulgado y con fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2026, obliga a una mayor participación en el programa federal 287(g).
La ley exige a los alguaciles de los condados que operan cárceles que soliciten y, si se les ofrece, firmen acuerdos de aplicación de la ley migratoria con ICE bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Se indica que esta obligación aplica específicamente a los condados con una población de 100.000 o más habitantes, mientras que los condados más pequeños pueden optar por participar voluntariamente.
Este programa permite al ICE delegar ciertas funciones de control migratorio a oficiales de las fuerzas del orden estatales y locales.
Es decir, los oficiales locales pueden ser autorizados para:
- Modelo de aplicación en cárceles (JEM): interrogar a personas que han sido arrestadas y determinar su estatus migratorio mientras están bajo custodia.
- Oficiales de servicio de órdenes de arresto (WSO): servir y ejecutar órdenes de arresto administrativas de ICE contra personas indocumentadas detenidas en la cárcel de su agencia.
Además, la ley establece un programa de subvenciones para ayudar a los condados a cubrir los costos de implementación de estos acuerdos.
Los montos de las subvenciones varían según la población del condado:
- Entre $80.000 a $140.000 (dependiendo del tramo poblacional).
Entienda cómo puede afectar a los inmigrantes
La SB-8 y la expansión del programa 287(g) probablemente tendrán un impacto significativo y complejo:
- Se puede esperar aumento de las deportaciones y detenciones: al autorizar a los oficiales de las cárceles locales a actuar como agentes de inmigración, es probable que aumente el número de personas indocumentadas, e incluso algunas con estatus migratorio válido pero que puedan tener dificultades para probarlo, que son identificadas y puestas bajo custodia de ICE, incluso por infracciones menores.
- La ley puede erosionar la confianza entre las comunidades de inmigrantes y las fuerzas del orden locales.
Esto podría disuadir a los inmigrantes, incluyendo a víctimas y testigos de delitos, de interactuar con la policía por temor a ser interrogados sobre su estatus migratorio.
- Los críticos de la ley y del programa 287(g) han advertido que el programa históricamente ha resultado en un mayor perfil racial, afectando desproporcionadamente a residentes latinos y a personas de color, incluyendo ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.
- Puede generar un aumento en las deportaciones siempre conlleva un aumento en la separación de familias, incluyendo aquellas con hijos que son ciudadanos estadounidenses.
Descura qué pueden hacer los inmigrantes
- Siempre lleve consigo, o tenga a mano en un lugar seguro y accesible, copias de documentos de identificación importantes como pasaporte, matrícula consular, licencia de conducir, acta de nacimiento.
Si tiene un estatus legal, lleve prueba de ello; tarjeta de residente, permiso de trabajo, entre otros.
- Considere establecer documentos legales como poderes notariales (Power of Attorney) para que una persona de confianza pueda tomar decisiones sobre sus hijos, finanzas y propiedades en caso de detención o deportación.
Y recuerde que si un oficial local o de ICE le pregunta sobre su estatus migratorio o lugar de nacimiento, usted tiene el derecho de guardar silencio (Derecho a no autoincriminarse).
Puede decir: "Me gustaría hablar con un abogado".
Además, no firme ningún documento que no entienda o que le entregue un oficial de ICE o un oficial local, especialmente aquellos relacionados con la deportación o la "salida voluntaria", sin hablar primero con un abogado.
Si es detenido en una cárcel del condado, y es interrogado sobre su estatus por un oficial capacitado en 287(g), siga ejerciendo su derecho a guardar silencio.
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