Autoridades federales de inmigración enfrentan restricciones en sus operaciones dentro de instalaciones judiciales. La medida surge ante reportes de detenciones que disuaden la asistencia a procedimientos legales.
Organizaciones y afectados han documentado casos donde personas evitan audiencias por temor a capturas inmediatas. Estas prácticas generan debates sobre el equilibrio entre enforcement y acceso a la justicia.
La información fue sacada del portal web de Los Angeles Times.
Un juez federal en San Francisco dictó la orden el 25 de diciembre de 2025 contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Prohíbe arrestos civiles generalizados en tribunales de inmigración de la región norte y central de California. La decisión responde a demandas de solicitantes de asilo detenidos al presentarse a audiencias.
Testimonios de afectados
Yulisa Alvarado Ambrocio, una solicitante guatemalteca de 24 años, evitó detención solo porque su bebé de 11 meses la acompañaba en corte. Abogados del gobierno indicaron que la capturarían en la próxima audiencia.
Otro caso involucró a un padre hondureño con su hijo en silla de ruedas; lo arrestaron al salir de sala pese a que el juez rechazó su deportación. La esposa suplicó mientras agentes lo separaban del menor.
Restricciones a arrestos en sitios sensibles como hospitales y escuelas datan de décadas. Los tribunales se incluyeron en la era Obama, se suspendieron con Trump y volvieron con Biden.
Datos del Departamento de Justicia registran duplicación de remociones en ausencia este año, superando 50.000 casos desde enero.
La orden cubre el área de responsabilidad de ICE en San Francisco, hasta Bakersfield. Limita aplicación nacional por directrices de la Corte Suprema. La administración Trump planea apelar al 9º Circuito, donde jueces recientes inclinan la balanza conservadora.
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