DPA
Una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala que fijó para mayo el cambio de fiscal general avivó hoy el debate político y trasladó al Legislativo el tema para abordarlo de manera "inmediata", mientras la actual fiscal, Claudia Paz y Paz, se dispone a apelar.
Con una votación unánime, los cinco magistrados de la CC resolvieron el miércoles otorgar amparo a un abogado particular, Ricardo Sagastume, y ordenar al Congreso que, tras ser notificado, inicie de inmediato el proceso de convocatoria de candidatos.
El presidente del Congreso, el oficialista Aristides Crespo, dijo que ya fue notificado y que el tema será tratado en la sesión plenaria de este jueves.
En torno al relevo existe un debate jurídico porque el periodo constitucional es de cuatro años que se cumplen en el actual 2014. No obstante, Paz y Paz fue nombrada producto de una segunda elección en 2010, por lo que asumió en diciembre, y no en mayo como establece la Carta Magna.
Paz y Paz pretendía permanecer hasta diciembre y el Congreso no se había pronunciado, así que todo apuntaba a esa fecha. Sin embargo, ahora el cambio se producirá previsiblemente en mayo, por mandato de la CC.
"La resolución hay que acatarla, lo que corresponde es que el Congreso convoque sin dilaciones, de esa manera no supondrá mayores riesgos el proceso", comentó Carmen Ibarra, analista de la organización no gubernamental Movimiento Pro Justicia.
El cambio del fiscal general en Guatemala genera un amplio debate político por los niveles de impunidad que existen en el país, de hasta 95 por ciento, en un contexto social marcado por la corrupción, la violencia y el narcotráfico.
A estas condiciones se sumó en 2013 el histórico juicio por genocidio contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt en el que el Ministerio Público impulsó la acusación.
De acuerdo con Álvaro Velásquez, analista político independiente, el juicio por genocidio "volvió a polarizar las posiciones tradicionales" de la sociedad guatemalteca entre "vencedores y derrotados" en el conflicto armado que cesó en 1996 y que dejó más de 250.000 muertos.
"La elección del fiscal general es el tema más polémico este año en Guatemala. Y es polémico, porque Claudia Paz, sin duda, se ha convertido en el funcionario más polarizante que tiene hoy el país", dijo a la dpa el analista político Phillip Chicola.
La Constitución de Guatemala establece que el fiscal general es nombrado por el presidente de la República de una lista de seis candidatos propuesta por una Comisión de Postulación.
Esta Comisión está presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se completa con los decanos de las facultades de Derecho de las distintas universidades y el presidente del Colegio de Abogados. Le corresponde recibir las solicitudes de los diferentes postulantes, calificar a éstos y seleccionar una nómina de seis candidatos.
Los cambios en el sistema de justicia son de gran controversia. Con los procesos que deberán cumplirse en 2014 en perspectiva -incluyendo el de cambio de fiscal general-, a finales de 2013 la CSJ tenía que elegir a su nuevo presidente pero los magistrados requirieron 56 rondas, en un turbulento proceso que duró más de ocho semanas.
De acuerdo con los analistas, hay muchos intereses políticos y de grupos de presión alrededor de los cambios en el sistema de justicia.
2014-02-06