Tras una serie de incidentes violentos que han marcado el inicio de 2026 en California, Estados Unidos (EEUU), las autoridades de Los Ángeles han decidido pasar de la retórica a la acción legal.
Este miércoles, el análisis en las calles y oficinas comunitarias no es solo sobre las redadas, sino sobre el alcance real de la reciente votación unánime de la Junta de Supervisores para prohibir que agentes federales operen en espacios públicos del condado.
La medida, impulsada por las supervisoras Lindsay Horvath e Hilda Solís, busca establecer un perímetro de seguridad en edificios administrativos, parques y centros de servicio propiedad del condado, prohibiendo que sean utilizados como puntos de procesamiento o logística para la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
¿Por qué ahora?: clima de tensión en aumento
El endurecimiento de las tácticas federales bajo la administración actual ha dejado huellas físicas en la región.
Desde los operativos en almacenes de moda rápida en junio de 2025 hasta incidentes recientes con uso de fuerza no letal que han dejado manifestantes con lesiones permanentes, el gobierno local argumenta que la seguridad pública se ve comprometida cuando las agencias federales operan sin supervisión local.
Lo que los residentes deben saber sobre la iniciativa: ¿fue aprobada?
Para la comunidad inmigrante, es vital distinguir entre lo que esta ordenanza permitiría y lo que no, para evitar una falsa sensación de seguridad:
- El requisito de la ‘Orden Judicial’: la medida enfatiza que los agentes federales no tienen acceso automático a las oficinas del condado.
Para actuar, deben presentar una orden judicial federal firmada por un juez, no simplemente una orden administrativa de deportación.
- Espacios protegidos: una vez que la ordenanza se redacte (en un plazo de 30 días), hospitales públicos del condado, centros de salud y parques estarán bajo esta protección.
- Límites de la Protección: es crucial entender que el condado no tiene jurisdicción sobre propiedades privadas (como centros de trabajo particulares) o calles públicas.
La protección se limita a la infraestructura controlada por el gobierno local.
Hasta ahora, la Junta de Supervisores aprobó por unanimidad una moción, lo que pasa a la fase en la que se redacta el texto legal de la ley.
La moción le dio a los abogados un plazo de 30 días (que se cumplen a mediados de febrero de 2026) para presentar la ordenanza final.
Una vez que ese texto esté listo, la Junta debe votar una última vez para que se convierta en ley local.
El efecto dominó en California
Los Ángeles no está solo en este esfuerzo. De hecho, en el norte del estado, el Condado de Alameda está integrando comentarios de fiscales y defensores públicos para implementar un modelo similar.
Estas jurisdicciones buscan restaurar la protección de "lugares sensibles", iglesias, escuelas y hospitales, una política que fue eliminada por la directiva federal del 20 de enero de 2025.
Chicago fue la pionera en octubre de 2025, y ahora California parece lista para consolidar una red de ciudades y condados que exigen el cumplimiento estricto del debido proceso antes de permitir cualquier arresto migratorio en sus instalaciones.
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