Una jueza federal de Maryland ha ordenado la suspensión temporal de una nueva tarifa anual impuesta a miles de solicitantes de asilo. Esta decisión representa un respiro para miles de migrantes que enfrentan la posibilidad de que sus casos fueran desestimados por no cumplir con el pago.
La medida queda en pausa mientras la justicia evalúa si esta tarifa, creada bajo la "gran y hermosa ley" de Trump, es legal y justa. El pago de $100 era exigido anualmente a quienes tienen su caso de asilo pendiente.
¿Por qué la jueza federal ordenó suspender la tarifa de asilo?
La jueza Stephanie Gallagher afirmó que dos agencias federales, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), actuaron de "manera arbitraria y caprichosa" al emitir directrices contradictorias. La falta de coordinación entre ambas agencias causó una gran confusión en el proceso.
Gallagher constató que la falta de un mecanismo claro y uniforme para el pago llevó a que se ordenara la expulsión de algunos solicitantes de asilo. La jueza escribió que las normas contradictorias del Gobierno crearon un "daño irreparable" para los solicitantes.
¿Quiénes son los afectados y qué temores tienen?
La tarifa obligatoria de US$100 se aplica a los solicitantes de asilo por cada año que su caso permanezca pendiente, una medida que antes de esta legislación no existía. El USCIS comenzó a enviar notificaciones de cobro con fecha límite a partir del 31 de octubre.
El Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP) presentó la demanda, citando el pánico entre los migrantes. Una abogada de los demandantes, Susan Pelletier, señaló que algunos solicitantes "tendrían que elegir entre alimentar a sus familias o pagar la cuota", agravando su situación económica.
¿Qué se espera ahora que la tarifa está suspendida?
La jueza suspendió temporalmente la aplicación de la tasa anual en todo el país. Declaró que consideraría rápidamente levantar la suspensión una vez que las agencias promulguen "políticas uniformes".
Estas políticas deben proporcionar a los solicitantes de asilo un aviso justo del plazo, el mecanismo de pago y las consecuencias adversas. Mientras tanto, miles de migrantes que temían la deportación por falta de pago pueden continuar con sus casos.
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