El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utiliza una herramienta administrativa conocida como orden de retención migratoria (detainer) a la hora de detener inmigrantes.
Esta orden sirve para solicitar a las agencias policiales y carcelarias locales que no liberen a un individuo que ha sido arrestado por un delito, sino que lo retengan hasta 48 horas adicionales.
Este documento, que corresponde al formulario I-247A y lleva la firma de un oficial de ICE, tiene como objetivo asegurar el tiempo necesario para que los agentes federales tomen custodia de la persona según detalla El Tiempo Latino.
A diferencia de una orden de arresto criminal tradicional, un detainer es un documento civil que no cuenta con la firma de un juez, lo que abre un debate importante sobre su obligatoriedad y legalidad a nivel estatal y local.
Consideraciones
En este contexto, expertos aclaran que el término "honrar" una orden de retención significa que la policía acepta mantener a la persona bajo custodia más allá del tiempo que le corresponde por sus cargos locales (por ejemplo, después de pagar una fianza).
Aunque la base legal de los detainers se encuentra en estatutos federales como el 8 U.S.C. § 1357(d), cortes federales han determinado que su cumplimiento es voluntario para las jurisdicciones locales, e incluso puede violar los derechos constitucionales.
Controversias
Pese a las controversias legales, ICE emite estas órdenes cuando existe causa probable para creer que una persona es susceptible de ser deportada, abarcando desde delitos graves como homicidio o secuestro, hasta infracciones menores como conducir sin licencia.
Sin embargo, datos oficiales recientes muestran un cambio en el patrón de arrestos del gobierno de Trump: la cantidad de detenciones de personas sin antecedentes criminales mediante detainers ha escalado drásticamente, con un incremento de más del 1 042 % entre enero y junio de 2025.
Este aumento, que pasó de 1 048 a 11 972 detenciones en solo seis meses, indica que más del 84 % de los individuos detenidos ya no cumplen con las categorías de "amenaza a la seguridad pública", priorizando la aplicación de la ley migratoria sobre la seguridad penal.
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