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La aprobación de un proyecto para sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos por parte de una comisión del Senado estadounidense generó posiciones encontradas en Venezuela y dudas sobre si ayudará a resolver la crisis que atraviesa el país
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó la víspera un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos durante las protestas de los últimos tres meses, que han dejado 42 muertos.
El proyecto pide al presidente Barack Obama suspender visas y congelar bienes en territorio estadounidense de funcionarios venezolanos.
El presidente Nicolás Maduro consideró la víspera "realmente detestable" la acción de los legisladores estadounidenses y pidió a la coalición opositora que se una al gobierno en el rechazo de posibles sanciones a funcionarios venezolanos.
Opositores y activistas consultados por The Associated Press coincidieron en que la acción del Senado estadounidense lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela dará argumentos al gobierno para politizar el tema y no atender las fallas.
| "Bienvenidas todas las acciones de cualquier país del mundo en contra de los violadores de derechos humanos" |
El coordinador general de la organización no gubernamental local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, afirmó que ese tipo de medidas "en vez de debilitar a un gobierno autoritario lo fortalecen porque terminan dándole argumentos para decir que detrás de la protesta social lo que hay es una conspiración promovida por Estados Unidos".
Alvarado indicó a AP, en entrevista telefónica, que en términos prácticos esas acciones "no contribuyen mucho" a mejorar la situación de los derechos humanos que aseguró que está muy deteriorada y que ha sufrido un "retroceso" durante el primer año de gobierno de Maduro.
Las protestas callejeras en Venezuela en contra de la inflación, el desabastecimiento y la creciente delincuencia han dejado 42 muertos, 835 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 252 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General venezolana.
Provea, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, difundió la víspera su informe anual correspondiente a 2013 en el que el gobierno venezolano sale mal evaluado en la salvaguarda de los derechos sociales, civiles y políticos.
En el estudio se expresa preocupación por lo que consideraron el "creciente autoritarismo en la gestión de gobierno… y el aumento de la militarización del país".
"Esos dos factores constituyen situaciones de alto riesgo para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela", indicó la organización en un comunicado.
Asimismo, Provea manifestó inquietud por el aumento de "las prácticas represivas de los cuerpos de seguridad en el marco de las protestas pacíficas".
En contra parte Delsa Solórzano, encargada de derechos humanos de la coalición opositora, afirmó que eran "bienvenidas todas las acciones de cualquier país del mundo en contra de los violadores de derechos humanos", pero insistió en que esas sanciones deben ser de "carácter personal" y no contra una nación.
Sin embargo, dijo a AP que duda que lleven a las autoridades a mejorar la situación de los derechos humanos y sostuvo que sólo "le molestará a aquellos funcionarios que le revocan la visa porque… esos tienen plata para llevar sus niños a Disney".
La fiscal general Luisa Ortega Díaz rechazó la semana pasada la posible aplicación de sanciones a funcionarios venezolanos por parte de Estados Unidos y dijo que internacionalmente hay una visión "sesgada" sobre Venezuela.
Ortega Díaz, quien ha sido señalada como una de las posibles funcionarias que podría ser sancionada por Washington, negó que en Venezuela se cometan violaciones a los derechos humanos, y dijo que "las personas que protestan no se detienen y se aprehenden porque están manifestando pacíficamente. Se detienen porque cometen delitos".
La iniciativa del Senado estadounidense no identifica a funcionarios específicos, tarea que correspondería al Departamento de Estado.
El senador republicano Marco Rubio señaló que al menos 25 funcionarios venezolanos reúnen las condiciones para ser sancionados y dijo que planea sugerir nombres al gobierno federal.
2014-05-21