EFE
El presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Ernesto Blume, afirmó este viernes que el "el sistema democrático, el estado constitucional" en su país "es potente" y se vive "25 años de democracia continúa".
"El sistema democrático, el estado constitucional, es potente, es capaz de solucionar cualquiera de sus crisis y lo estamos demostrando. 25 años de democracia continua, 38 años de democracia local y por lo tanto estamos avanzando", manifestó en rueda de prensa.
Blume declinó pronunciarse sobre el pedido de asilo que ha presentado el expresidente Alan García a Uruguay, alegando una presunta persecución política, ya que, según indicó, el TC "tiene la obligación de estar sobre la coyuntura para resolver precisamente todo lo que derive de situaciones fácticas determinadas".
Comentó, sin embargo, que su país sigue "avanzando en el proceso de consolidación del Estado de derecho, aunque ello depende de todos los peruanos".
"Doy un mensaje positivo al país, un mensaje de esperanza, tenemos que ver con serenidad y madurez las cosas, tenemos que darnos un baño de constitucionalidad todos y de institucionalidad, tenemos que respetarnos entre peruanos y ver con tranquilidad", remarcó.
El presidente del TC también recordó que su organismo estableció "ciertos estándares" que deben cumplirse para la aplicación de la prisión preventiva en el país, en medio de la polémica suscitada por el uso de esta figura jurídica contra políticos implicados en investigaciones por presunta corrupción.
"La afectación a la libertad es el último recurso", acotó antes de decir que "la valoración de los elementos para determinar la prisión preventiva debe ser conjunta".
Agregó, que "esos cánones y patrones son importantes porque van a fortalecer la lucha anticorrupción, evitando que esa lucha se vea afectada por errores que puedan traducirse en retrocesos en el proceso".
El Constitucional ordenó en abril pasado la liberación del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes pasaron 9 meses en prisión preventiva mientras son investigados por presunto lavado de activos.
También la líder opositora Keiko Fujimori cumple desde fines de octubre pasado una orden de prisión preventiva por 36 meses mientras es investigada por supuestamente haber conformado una organización criminal al interior del partido Fuerza Popular durante su campaña electoral de 2011.
Alan García, por su parte, ingresó a la residencia del embajador uruguayo en Lima el pasado sábado para solicitar asilo, bajo el argumento de ser un perseguido político y solo horas después de haber recibido el impedimento de salida del país por una investigación por colusión agravada y lavado de activos.
El fiscal José Domingo Pérez amplió las investigaciones contra García tras recibir indicios de que la empresa brasileña Odebrecht le pagó 100.000 dólares por una charla en Sao Paulo en 2012, un año después de que dejó su segundo gobierno.
El expresidente (1985-90, 2006-11) está investigado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, cuyo jefe de obra, Carlos Nostre, declaró ante fiscales que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios de su segundo Gobierno.
El Ejecutivo peruano comunicó este martes a Uruguay que no existe persecución política "de ningún tipo" contra García porque en Perú "impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales".
La Cancillería uruguaya confirmó que ha recibido la documentación correspondiente del Gobierno peruano a la solicitud de asilo diplomático y sostuvo que "está siendo analizada en los niveles correspondientes".
2018-11-23
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