La Administración Trump ha lanzado una campaña para reclutar nuevamente a ex oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ofreciendo incentivos económicos significativos, incluyendo bonificaciones de hasta $50,000.
La iniciativa busca reforzar las operaciones de deportación y control migratorio en medio de fondos adicionales aprobados por la reciente legislación, destacando el compromiso del gobierno con una política migratoria estricta, informó New York Post.
Tras la aprobación del “One Big Beautiful Bill Act” por parte del expresidente Donald Trump el 4 de julio, ICE ha comenzado a ofrecer recompensas sustanciales para que antiguos empleados regresen a sus funciones.
Precios ofrecidos por Trump a exagentes varían
Un correo electrónico obtenido por The Post revela que ICE está incentivando a ex oficiales con bonificaciones que alcanzan los $50,000, incluyendo un bono de firma de $10,000 y otros pagos anuales de hasta $10,000 durante tres años.
La campaña, denominada “Operación Regreso a la Misión”, invita a los profesionales retirados a reincorporarse en sus puestos anteriores o en nuevas posiciones dentro de la agencia.
“Sirvió a los Estados Unidos de América con distinción y honor. Ahora, su país le llama a servir una vez más”, indica el mensaje enviado por ICE. Además, se ofrecen “exenciones de compensación dual”, permitiendo que los ex empleados mantengan sus beneficios y pensiones si deciden salir de la jubilación para volver al servicio activo.
Legislación y fondos fortalecen las capacidades de ICE
El sitio web oficial “Regreso a la Misión” detalla que los interesados pueden optar por roles como “Oficial de Deportación” o “Investigador Criminal”, con salarios anuales que varían entre $88,000 y $171,000.
Los nombramientos serán por períodos que van desde más de un año hasta cuatro años, según lo establecido en las políticas internas.
La ley aprobada por Trump ha dotado a ICE con aproximadamente $75 mil millones en fondos adicionales para intensificar las operaciones contra la inmigración ilegal.
De estos recursos, $30 mil millones están destinados específicamente a esfuerzos de arresto y deportación, mientras que otros $45 mil millones se emplearán en ampliar las capacidades de detención y logística operativa.
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