En un cambio normativo que afecta a la industria alimentaria y al comercio en el estado, Texas ha establecido una prohibición para la venta y producción de carne cultivada en laboratorio en todos sus comercios y restaurantes.
Esta decisión, que se aplicará hasta septiembre de 2027, busca limitar la presencia de estas proteínas alternativas en el mercado local.
La información fue obtenida del portal web oficial de la Legislatura de Texas, donde se detalla que la Ley del Senado 261, promovida por el gobernador Greg Abbott, ha sido respaldada por el Departamento de Agricultura estatal.
Esta legislación limita la cadena de producción y distribución de carne obtenida a partir de cultivos celulares en todo el territorio texano y genera controversia con una demanda judicial en curso.
Restricción legal y respaldo oficial
La ley establece que la carne cultivada, también llamada "cultivated meat" o "cell-cultured meat" por agencias federales, no puede ser producida, procesada ni vendida dentro del estado.
Esta prohibición fue justificada por Sid Miller, comisionado del Departamento de Agricultura de Texas, quien afirmó que “los texanos tienen el derecho adquirido de saber qué hay en su plato, y para millones de personas en el estado, esa carne debe provenir de un rancho y no de un laboratorio”.
Miller explicó que esta medida busca proteger al sector agropecuario texano y garantizar la transparencia en el origen de los productos cárnicos.
El gobernador Greg Abbott sostuvo que la norma está diseñada para “preservar la integridad de una de las industrias más arraigadas en Texas”, resaltando la importancia económica de la ganadería tradicional.
Según el Departamento de Agricultura estatal, Texas mantiene el mayor inventario de ganado bovino en el país, superando los 13 millones de cabezas en 2024.
Reacción y desafío legal de empresas de carne cultivada
En respuesta a la prohibición, el Institute for Justice y las compañías Wildtype y Upside Foods han presentado una demanda en tribunales federales solicitando la anulación de la ley por considerarla inconstitucional.
Paul Sherman, abogado representante del Institute for Justice, declaró que “no existe justificación legal para impedir que los habitantes de Texas accedan a alternativas siempre que cumplan con regulaciones federales”.
La demanda argumenta que la carne cultivada ha obtenido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) tras rigurosos controles de seguridad. Por ello, la ley estatal limita injustificadamente el acceso al mercado texano para estos productos y para sus consumidores.
Texas se une así a otros seis estados —Florida, Alabama, Mississippi, Montana, Indiana y Nebraska— que aplican restricciones similares a la carne cultivada.
La medida afecta directamente a productores biotecnológicos, supermercados y restaurantes que ofrecen estas proteínas alternativas, mientras que el estado supervisa la aplicación estricta de la ley y brinda asistencia técnica para el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
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