Estados Unidos (EEUU), bajo la administración de Donald Trump, no solo está cortando caminos para la regularización de los inmigrantes, también han cancelado ayudas y beneficios, en consecuencia, los estados que siguen otorgando apoyos se ven señalados y enfrentan consecuencias.
Se ha dado a conocer que el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado de Minnesota, como lo ha informado la página web del programa ‘Acceso Latino’, de la Fundación Carlos Slim.
Esto, para impedir que continúe ofreciendo matrícula estatal reducida a ciertos estudiantes indocumentados.
Recordemos que, este es un beneficio que se le otorga a ciertos inmigrantes elegibles en Minnesota desde 2013, cuando fue firmada la Minnesota Dream Act.
Se trata de una legislación que permite que ciertos jóvenes indocumentados accedan a matrícula estatal y apoyo financiero, siempre que cumplan ciertos requisitos académicos y de residencia.
Es decir, que jóvenes indocumentados que residen en Minnesota puedan acceder a tarifas reducidas en universidades del estado.
Sobre la demanda
Más específicamente, el gobierno federal ha demandado al gobernador de Minnesota, Tim Walz, al fiscal general estatal Keith Ellison y a la Oficina de Educación Superior de Minnesota.
La demanda sostiene que la ley estatal viola los derechos de los ciudadanos estadounidenses de otros estados al permitir que estudiantes sin estatus migratorio accedan a tarifas de matrículas reducidas, negadas a otros ciudadanos por no residir en Minnesota.
Además, la fiscal general federal, Pam Bondi, afirmó en un comunicado que “ningún estado debe tratar a los estadounidenses como ciudadanos de segunda clase al ofrecer beneficios financieros a inmigrantes ilegales”.
En este sentido, el DOJ aseguró que planea llevar este tipo de demandas a más estados, basándose en el precedente favorable obtenido en Texas.
El panorama actual
Se trata del tercer caso en menos de un mes en el que la administración del presidente Donald Trump busca eliminar este tipo de programas, argumentando que discriminan a ciudadanos estadounidenses.
Es importante entender que, la medida forma parte de una ofensiva legal más amplia impulsada por el actual gobierno federal tras una orden ejecutiva firmada en abril por el presidente Trump, como lo recuerda el portal de Acceso Latino.
Dicha orden instruyó a las agencias federales a tomar acciones contra leyes o políticas estatales que, según el gobierno, otorguen beneficios indebidos a personas sin estatus migratorio legal por encima de ciudadanos estadounidenses.
De hecho, se logró que Texas anulara su ley estatal sobre matrícula para estudiantes indocumentados apenas unas horas después de que se interpusiera una demanda federal.
Posteriormente, una acción similar fue presentada en el estado de Kentucky.
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