La jueza federal de Colorado, Charlotte Sweeney, dictaminó que, antes de deportar, el gobierno de Estados Unidos (EEUU) debe notificar a los migrantes venezolanos con un mínimo de 21 días de antelación, permitiéndoles apelar.
Según información publicada en el portal de noticias El País, esta decisión es la primera en limitar el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por la administración Trump, y surge tras la deportación de 238 migrantes a El Salvador, el pasado mes de marzo.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) argumentó públicamente que se violó el "debido proceso", ya que a los deportados se les notificó con solo 24 horas de antelación y fueron enviados a una prisión en El Salvador.
¿Qué ordenó la jueza?
La jueza Sweeney ordenó que las notificaciones se realicen en un idioma que el individuo entienda, para evitar denuncias de los detenidos sobre el uso de engaños al firmar documentos en inglés y no en español.
Tim Macdonald, de la ACLU, criticó el "desprecio flagrante" del gobierno por el debido proceso, advirtiendo del riesgo que esto supone para todos.
Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), señaló que las deportaciones a El Salvador violaron el debido proceso, impidiendo a los detenidos comunicarse y apelar. Trump argumentó que juzgar cada caso tomaría "200 años".
Hasta ahora, es la primera vez que una autoridad judicial dicta a la Casa Blanca cómo debe ser la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, todo producto de las irregularidades vividas en los recientes vuelos de deportación a El Salvador.
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