El Gobierno de Estados Unidos aprobó formalmente la exclusión de refugiados y solicitantes de asilo del programa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), uno de los principales programas federales de asistencia alimentaria.
Esta modificación, que entrará en vigor plenamente el 1 de noviembre de 2025, implica que estos grupos perderán el acceso a estos beneficios esenciales para su seguridad alimentaria. La información fue obtenida del portal web de Infobae.
Esta reforma forma parte de la ley H.R. 1, promulgada el 4 de julio de 2025, que redefine los criterios para recibir asistencia alimentaria federal. Solo podrán continuar accediendo al SNAP ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes, y algunos grupos específicos de migrantes bajo acuerdos especiales como los de Micronesia, Palaos e Islas Marshall.
Los refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de trata o violencia, y personas evacuadas sin residencia legal no están incluidos.
Nueva regulación y grupo afectado
Entre las disposiciones de la ley H.R. 1, la exclusión de los refugiados del SNAP implica que los estados deben notificar a los beneficiarios afectados y suspender los pagos en un máximo de 120 días. El Departamento de Agricultura (USDA) estima que unos 90.000 beneficiarios serán impactados con esta medida.
Los estados con grandes comunidades de refugiados, como Nueva York, evalúan alternativas para ayudar a quienes pierdan el beneficio, mediante programas estatales de asistencia.
Esta exclusión genera preocupación por el aumento de la inseguridad alimentaria y la sobrecarga en bancos de alimentos y servicios estatales de alimentación. Organizaciones civiles, como USCRI, y redes de ayuda humanitaria han manifestado inquietudes por las repercusiones sociales y humanitarias que esta reforma puede ocasionar.
Reacción estatal y perspectivas
Un grupo de 25 estados y el Distrito de Columbia ha presentado una demanda judicial contra la reforma, argumentando que la suspensión de beneficios contraviene otras normativas federales y pone en riesgo a personas vulnerables. Varias jurisdicciones estudian implementar programas locales para suplir las carencias originadas por esta exclusión.
Mientras tanto, las organizaciones humanitarias recomiendan a las familias afectadas buscar apoyo en servicios sociales, comedores escolares y bancos de alimentos que operan en cada localidad.
La eliminación del acceso al SNAP para refugiados implica desafíos en términos de seguridad alimentaria, integración social y acceso a salud y educación. El proceso de implementación continuará durante los próximos meses, sin previsión de prórrogas ni exenciones adicionales, según ha informado el USDA.
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