Los operativos migratorios que sacuden a ciudades como Charlotte, Los Ángeles y Chicago han reabierto una herida constitucional profunda en Estados Unidos.
Lo que comenzó como denuncias civiles por detenciones basadas en la apariencia física ha escalado hasta la Corte Suprema, donde el concepto de "sospecha razonable" enfrenta una reinterpretación radical.
En el centro de esta tormenta jurídica se encuentra la denominada "detención de Kavanaugh", un término acuñado tras la postura del magistrado Brett Kavanaugh, quien sostiene que la etnicidad puede ser un factor válido para que un agente detenga a una persona y cuestione su estatus legal.
La controversia alcanzó su punto crítico tras la suspensión de un fallo de la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong. En julio de 2025, la magistrada de California prohibió a los agentes basar detenciones únicamente en la raza, el uso del idioma español o la presencia en lugares de trabajo jornalero.
Expediente emergencia
Sin embargo, el gobierno de Donald Trump logró que la Corte Suprema pausara estas restricciones mediante el "expediente de emergencia".
En su opinión concurrente, Kavanaugh argumentó que, en lugares con altos porcentajes de inmigración irregular como Los Ángeles, factores como no hablar inglés o reunirse en sitios de empleo diario constituyen una "totalidad de circunstancias" suficiente para una intervención policial breve.
Esta postura ha provocado una reacción feroz dentro y fuera del estrado. La magistrada Sonia Sotomayor, en una opinión disidente, calificó la decisión de "inconcebible", advirtiendo que la Cuarta Enmienda —que protege contra registros arbitrarios— deja de existir para quienes tienen cierta apariencia o realizan trabajos modestos. Sotomayor recordó que, desde 1975, la jurisprudencia prohibía detener a alguien solo por lucir de ascendencia mexicana.
Posiciones encontradas
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega practicar el perfilamiento racial, expertos como William Roberts, del Center for American Progress, alertan que esto anula décadas de derechos civiles.
Para los defensores de los inmigrantes, permitir que la apariencia sea un "factor relevante" abre la puerta a redadas masivas basadas en estereotipos, transformando el color de piel en una causa probable de sospecha en el país.
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